Fuente: Diario Información (17/01/09)
Como con el agua, los socialistas también están empezando a cambiar el rumbo de su posición sobre el urbanismo. El PSPV dio ayer un giro de 180 grados y criticó con dureza el tercer informe que prepara el Parlamento Europeo -a debatir el martes en la comisión de Peticiones y a finales de marzo en el pleno- que vuelve a poner negro sobre blanco el "descontrol" que se habría producido en el sector urbanístico valenciano a lo largo de los últimos años."Mi grupo rechaza la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el impacto de la urbanización extensiva", aseguró Luna que, en todo momento, puntualizó que esa es la posición de la dirección nacional de los socialistas valencianos. "No se pueden decir esas cosas en estos momentos. Es inaceptable", apuntó el síndic socialista en las Cortes en una posición que choca con la que el PSPV ha mantenido hasta ahora sobre este asunto. Nunca hasta ahora los socialistas valencianos habían criticado con tanta virulencia la actuación de Europa en los dos informes anteriores que ya se han sometido a debate en Bruselas.El tercer informe contra el urbanismo valenciano, elaborado por la diputada verde Margret Auken, lanza duras críticas contra el modelo de construcción que se ha desarrollado en la Comunidad a lo largo de los últimos años -llega a hablar de una "corrupción endémica"- en la gestión municipal, exige una moratoria e, incluso, pide a la Comisión Europea que se corte el grifo de los fondos estructurales mientras no se resuelva la situación. El informe ha sido elaborado a raíz de las miles de denuncias presentadas por propietarios afectados por abusos urbanísticos.Para Luna, que no obstante se mostró partidario de abordar modificaciones de la legislación urbanística valenciana, el documento contiene, "no solamente errores de bulto respecto del alcance de algunas disposiciones legales, sino indiscriminadas y generalizadas acusaciones, de la más diversa índole, sobre autoridades de casi todas las instituciones y de todos los niveles y sobre amplios sectores de actividades profesionales y empresariales". El síndic socialista en las Cortes entiende que se lanzan una serie de afirmaciones que "ni son ciertas, ni pueden ser aceptadas, siquiera como hipótesis".El diputado socialista remarcó que "España es un Estado de derecho, con un entramado judicial respetuoso con las leyes y que garantiza a todos el respeto de los derechos reconocidos". Y, por eso, "no se pueden aceptar amenazas en relación con la provisión de fondos estructurales o de políticas de cohesión, basadas en afirmaciones tan excesivas como faltas de precisión". Eso, insistió, no modifica la posición del PSPV acerca de sus "discrepancias sobre la situación actual de la legislación urbanística y la evolución del desarrollo de la construcción durante los últimos años".
